Cada sexenio alguien descubre que existen los narcocorridos y decide combatir al crimen… quitando canciones del setlist como si eso bajara los homicidios.
Pero en 2025–2026 el pleito subió de nivel: prohibiciones locales, sanciones, carpetas, y hasta consecuencias migratorias en Estados Unidos para artistas.
Qué está pasando
Estados y municipios han puesto reglas para impedir narcocorridos/corridos bélicos en eventos públicos. Un caso documentado: Nayarit publicó un decreto en su Periódico Oficial que incluye términos como “corridos tumbados” y “narcocorridos” dentro de la prohibición en ciertos espacios/eventos.
En Jalisco, se castiga la apología del delito. De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal para el Estado de Jalisco, se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de éste o de algún vicio, si el delito no se ejecutara; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.
El detonador mediático reciente fue el “caso Los Alegres del Barranco”. Tras un concierto en Jalisco donde se proyectó la imagen de “El Mencho” (CJNG), Estados Unidos revocó visas a integrantes de la banda, y en México se abrió discusión/investigación por posible apología de la violencia.
La respuesta “amable” del Estado también existe: “México Canta”. Un concurso promovido por el gobierno para impulsar letras “sin apología de la violencia” y fortalecer géneros tradicionales.
Lo que NO está pasando (pero se viraliza)
No existe una “nueva ley nacional” que automáticamente prohíba narco corridos o corridos tumbados en todo México. Hubo desinformación circulando con ese cuento y fue verificada como falsa. Lo real: son medidas locales, administrativas y/o penales según el caso, no un botón federal mágico.
Censura vs regulación: el tiro real
El argumento oficial suele ser: “evitar apología del delito, reducir normalización de la violencia, cuidar espacios públicos”. Se traduce en multas, cancelaciones, restricciones por permiso (la ruta administrativa) y, en algunos contextos, investigación penal si se considera apología, como ocurre en Jalisco.
El argumento crítico es otro:
Regular setlists es una manera fácil de simular acción sin tocar lo difícil (corrupción, impunidad, redes financieras del narco).
Si la aplicación es discrecional, se vuelve censura selectiva: castigas a unos y otros pasan.
Y sí: prohibir no desaparece el consumo; a veces solo lo empuja a lo privado/underground, y ahí hay menos control, no más.
Entonces… ¿puro show?
Depende de qué hagan además de prohibir canciones. Si el Estado se queda en “cancelar conciertos” pero no toca extorsión, armas, dinero y policías coludidos, suena a: “no pude con el crimen, pero sí con el DJ.”
Si en cambio hay política integral (seguridad + prevención + justicia) y esto es solo un componente acotado, puede leerse como regulación de espacios públicos.
Qué seguir mañana
Más municipios copiando el modelo de “permito evento, pero sin X repertorio”.
Artistas ajustando letras/sets para evitar sanciones (y para no perder visas).
La conversación moviéndose a lo internacional: si EE.UU. usa el marco “narco” para visas/sanciones, el impacto cultural se vuelve también político y económico.
El Estado quiere que dejemos de cantar la violencia. Va. Solo una pregunta: ¿también quiere que dejemos de vivirla… o eso ya no cabe en el presupuesto?
