SIETE NO TENÍAN FICHA
Investigación
Jalisco reporta 67% de localización. En Tecalitlán hallaron ocho personas privadas de libertad: siete no tenían ficha de búsqueda activa.
El Estado fue a buscar a una persona. Encontró a ocho. Siete no tenían ficha. Tecalitlán mostró el agujero antes de la búsqueda.
Eso fue lo que pasó en Tecalitlán.
Y ese es el dato que quedó debajo de la noticia del “hospital clandestino”, las muletas, los cartuchos y los clavos quirúrgicos.
De las ocho personas privadas de la libertad encontradas dentro de aquella finca, sólo una tenía denuncia y ficha de búsqueda activa.
Las otras siete no.
Aparecieron porque estaban junto al hombre que sí estaban buscando.
Siete personas salieron de una finca criminal antes de haber aparecido en una ficha de búsqueda.
Y eso cambia la pregunta.
No es solamente qué había dentro de aquella casa.
Es cuánta gente puede desaparecer antes de que el Estado siquiera sepa que tiene que buscarla.
La estadística empieza con una denuncia
Hay una coincidencia incómoda.
El mismo día que se conoció el operativo de Tecalitlán, Jalisco difundió sus cifras más recientes sobre desapariciones.
Entre enero y agosto de 2026 ocurrieron y fueron reportadas 1,722 desapariciones.
De esas personas, 1,154 habían sido localizadas.
El Gobierno lo resumió así: 67.02 por ciento de localización.
Pero lea completa la definición.
El indicador mide personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada.
Primero alguien tiene que avisar. Después entra a la estadística.
Tecalitlán deja frente a esa cifra otra imagen: ocho personas encerradas, una con ficha y siete sin ella.
No sabemos todavía cuántos casos similares existen en Jalisco.
No sabemos cuántas personas aparecen durante cateos, rescates, detenciones o investigaciones sin que antes existiera un reporte por ellas.
Ese dato no está publicado. Y ése es exactamente el dato que falta.
Una familia abrió la puerta
El 21 de julio, un joven de 20 años le dijo a su familia que iba a trabajar a un rancho.
Llegaron por él. Después se perdió la comunicación.
Su familia denunció ante la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Ahí comenzó la búsqueda.
Siete semanas después, la investigación llevó a las autoridades hasta una finca en Tecalitlán, al sur de Jalisco.
Entraron agentes estatales con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército.
Ahí estaba el joven. Y con él había otras siete personas.
Tenían entre 16 y 43 años y eran originarias de Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
Todas estaban privadas de su libertad.
Los otros siete aparecieron porque aquella familia buscó a alguien que estaba encerrado junto a ellos.
Ahí reparaban gente
Dos de los hombres caminaban con muletas.
Otros tenían lesiones quirúrgicas recientes, parches y dispositivos de traumatología.
A algunos les habían implantado clavos quirúrgicos en las piernas.
La Fiscalía encontró medicamentos, tres pares de muletas, botas ortopédicas, calzado táctico, una báscula gramera, marihuana y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45.
No era un hospital como los que conocemos.
Era un lugar al que llevaban heridos de la delincuencia organizada para recuperarse o curarse.
Dicho sin lenguaje burocrático: reparaban gente.
La Fiscalía detuvo ahí a cinco hombres y una mujer señalados como quienes custodiaban a las personas.
Son investigados por trata de personas y desaparición cometida por particulares.
La Fiscalía investiga también quién proporcionaba la atención especializada y si participó personal médico o paramédico de municipios del sur de Jalisco.
No sabemos todavía quién, si lo hacía voluntariamente o si alguien era obligado.
¿Cómo llega alguien hasta ahí?
Tecalitlán muestra una parte del mecanismo: personas reclutadas, lesionadas, privadas de su libertad y recuperándose.
Para ver otra parte hay que regresar sólo unos días.
El 4 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco informó que un juez había condenado a diez años de prisión a una mujer y dos policías municipales.
El delito: trata de personas en la modalidad de captar y transportar con la finalidad de trabajos forzados.
Los hechos habían ocurrido el 26 de mayo de 2025 en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.
La oferta
Andrea Monserrat “N” contactó a dos jóvenes de Michoacán mediante una supuesta oferta laboral difundida en redes sociales.
Les ofrecían 5 mil pesos semanales. Uno de ellos era menor de edad.
Aceptaron. Viajaron a Guadalajara. La cita era en la Nueva Central Camionera.
Para agosto de este año, autoridades de Jalisco habían identificado 257 cuentas en redes sociales utilizadas para intentar reclutar jóvenes mediante falsas ofertas laborales.
De ellas, 156 ya habían sido desactivadas.
Doscientas cincuenta y siete puertas digitales.
La entrega
En la Central Camionera esperaban Marvin Alexis “N” y Ernesto “N”.
Eran policías municipales de San Cristóbal de la Barranca.
Estaban en horario de trabajo, fuera de su municipio, con uniformes oficiales, armas de cargo y utilizando la patrulla SC-04.
La Fiscalía acreditó la participación de los tres y consiguió la sentencia de diez años de prisión, además de una multa de 226 mil 280 pesos.
El precio
Según la reconstrucción periodística del caso, Andrea Monserrat recibía 3 mil pesos por cada joven reclutado.
Los policías declararon que recibirían mil pesos por cada muchacho trasladado.
No vamos a sumar esas cantidades para fabricar un “precio por persona”.
Pero algo sí consta: había dinero por captar y había dinero por trasladar.
El destino
Los policías dijeron que habían sido enviados para recoger a los jóvenes.
Iban a trasladarlos hacia una zona serrana próxima al río Santiago, donde eran llevadas personas reclutadas para su adiestramiento, según las investigaciones reportadas.
Y entonces aparecen dos extremos: una oferta laboral, una terminal de autobuses, una patrulla y una zona serrana.
En otro expediente distinto, aparecen personas lesionadas recuperándose bajo custodia en Tecalitlán.
Quién rompió la cadena
A los dos jóvenes de Michoacán no los rescató un algoritmo.
Desconfiaron de la mujer. Uno comenzó a hacer señas a personas que caminaban por los pasillos de la terminal.
Alguien entendió y avisó a policías estatales.
Una mano pidiendo auxilio en una terminal. Eso bastó para empezar a romper la cadena.
En Tecalitlán ocurrió otra cosa: una familia denunció que su hijo había desaparecido.
Esa denuncia llevó semanas después hasta una finca.
Entraron buscando a uno. Sacaron a ocho.
Lo que las dos historias dicen juntas
Son dos expedientes diferentes.
No hemos probado que los jóvenes de la Central Camionera y las personas rescatadas en Tecalitlán pertenecieran a una misma cadena.
No sabemos si recorrieron las mismas rutas ni si respondían a los mismos mandos.
Decirlo sería inventar el tramo que falta.
Pero los dos casos permiten ver funciones.
Captación: redes sociales, oferta laboral y pago por persona.
Traslado: policías uniformados y una patrulla oficial.
Adiestramiento: sitios serranos utilizados para preparar reclutados, según las investigaciones reportadas.
Recuperación: una finca donde mantenían personas lesionadas y les proporcionaban atención.
Visto así, se parece demasiado a un departamento de recursos humanos criminal.
El agujero está antes de la ficha
El Gobierno de Jalisco puede decir, correctamente, que durante los primeros ocho meses del año localizó al 67.02 por ciento de las personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada durante ese mismo periodo.
Pero la propia metodología contiene el límite: tienen que haber sido reportadas.
Tecalitlán obliga a mirar lo que sucede antes de esa primera casilla.
No tenemos la cifra.
Por ahora sólo tenemos siete hombres encontrados en un mismo inmueble.
Siete no son una muestra estadística de Jalisco.
No podemos multiplicarlos por las desapariciones del estado y fingir que descubrimos el número oculto.
Pero sí son siete casos reales que la estadística conocida no explica por sí sola.
Y las cuentas oficiales tampoco empatan
Entre diciembre de 2024 y junio de 2026, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas contabilizaba 4 mil 812 reportes.
Para el mismo periodo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tenía mil 594.
El equivalente al 33.13 por ciento del registro estatal.
Eso no significa que las otras personas no existan ni demuestra que nadie las busque.
Significa algo suficientemente grave sin adornarlo: dos registros oficiales que deberían ayudarnos a saber a quién falta no están contando lo mismo.
Data Cívica encontró otra diferencia al comparar ambos sistemas: 14 mil 782 personas desaparecidas en el registro estatal frente a 11 mil 343 en la extracción de 2026 del registro nacional para desapariciones ocurridas hasta 2024.
La diferencia es de 3 mil 439 registros.
Contar desaparecidos ya es difícil cuando existe denuncia. Imagínese cuando ni siquiera hay una.
